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«Parpolidad» Política Participativa

Sin embargo, esto no sería equiparable a un estado mundial global, sino que implicaría la disolución de todos los estados-nación existentes y su sustitución por un «órgano de coordinación» confederal mundial formado por delegados inmediatamente revocables por el consejo anidado por debajo de ellos

 

La política participativa o parpolity es un sistema político teórico propuesto por Stephen Shalom, profesor de ciencias políticas de la Universidad William Paterson de Nueva Jersey.

Se desarrolló como una visión política para acompañar a la economía participativa (parecon). Tanto el parecon como la parpolidad conforman la ideología socialista libertaria del participacionismo, que ha informado significativamente a la Organización Internacional para una Sociedad Participativa. Shalom ha afirmado que la parpolidad se entiende como una visión de largo alcance de hacia dónde podría querer llegar el movimiento de justicia social dentro del campo de la política.

Los valores en los que se basa la parpolidad son la libertad, la autogestión, la justicia, la solidaridad y la tolerancia. El objetivo, según Shalom, es crear un sistema político que permita a la gente participar lo más posible de forma presencial. El principio de toma de decisiones propuesto es que cada persona debe tener voz en una decisión proporcional al grado en que se vea afectada por ella.

La visión es crítica con aspectos de las democracias representativas modernas, argumentando que el nivel de control político por parte del pueblo no es suficiente. Para abordar este problema, la parpolidad sugiere un sistema de «consejos anidados», que incluiría a todos los miembros adultos de una sociedad determinada.

 

Consejos Anidados

En una parpolidad, habría consejos locales de ciudadanos con derecho a voto formados por 25-50 miembros (el número de ciudadanos representados no debería superar los 300 aproximadamente por cada miembro del consejo). Estos consejos locales podrían aprobar cualquier ley que afectara únicamente al consejo local. Ningún consejo superior podría anular las decisiones de un consejo inferior, sólo un tribunal del consejo podría impugnar una ley local por motivos de derechos humanos. Los consejos se basarían en el consenso, aunque se permitirían las votaciones por mayoría cuando no se pudiera llegar a un acuerdo sobre las cuestiones.

Cada consejo local enviaría un delegado a un consejo de nivel superior, hasta que éste se llenara con 25-50 miembros. Estos consejos de segundo nivel aprobarían leyes sobre asuntos que afectaran a los 200.000 a 750.000 ciudadanos a los que representaran. Un delegado en un consejo de nivel superior estaría obligado a comunicar las opiniones de su consejo de origen, pero no estaría obligado a votar como el consejo de origen deseara. De lo contrario, Shalom señala que no tendría sentido tener consejos anidados, y todos podrían votar todo. Los delegados podrían ser revocados en cualquier momento por su consejo de origen. La rotación de los delegados sería obligatoria, y los delegados tendrían que volver a sus consejos de origen con frecuencia.

El consejo de segundo nivel enviaría un delegado a un consejo de tercer nivel, el consejo de tercer nivel enviaría delegados a un cuarto nivel y así sucesivamente hasta que todos los ciudadanos estuvieran representados. Cinco niveles con 50 personas en cada consejo representarían a 312.500.000 votantes (aproximadamente la población de Estados Unidos). Sin embargo, el número real de personas representadas sería aún mayor, dado que los niños pequeños no votarían. Así, con un consejo anidado de sexto nivel más, toda la población humana podría estar representada. Sin embargo, esto no sería equiparable a un estado mundial global, sino que implicaría la disolución de todos los estados-nación existentes y su sustitución por un «órgano de coordinación» confederal mundial formado por delegados inmediatamente revocables por el consejo anidado inferior.

Los consejos de nivel inferior tendrían la oportunidad de celebrar referendos en cualquier momento para impugnar las decisiones de un consejo de nivel superior. En teoría, este procedimiento sería fácil, ya que cuando un umbral de consejos de nivel inferior pidiera un referéndum, éste se celebraría. Shalom señala que enviar cada asunto a los consejos de nivel inferior sería una pérdida de tiempo, ya que equivaldría a la democracia de referéndum.

Se emplearía personal para ayudar a gestionar los asuntos del consejo. Sus funciones incluirían quizás la redacción de actas y la investigación de asuntos para el consejo. Este personal del consejo trabajaría en un complejo de puestos de trabajo equilibrado definido por una economía participativa.

Tribunales del Consejo

Shalom sugiere que el tribunal del consejo esté formado por 41 ciudadanos elegidos al azar que tengan mandatos de dos años. Shalom afirma que el número 41 garantiza una amplia gama de opiniones, aunque dice que este número es sólo una sugerencia y que podría ser más bajo o más alto siempre que fuera lo suficientemente grande para una diversidad de opiniones pero lo suficientemente pequeño para la discusión y el debate. Este tribunal sería un control contra la tiranía de la mayoría. Dictaminaría sobre las leyes aprobadas y podría vetarlas si el tribunal las considera contrarias a los derechos humanos. Shalom sostiene que el tribunal del consejo no debería ser elegido, ya que los miembros elegidos podrían tener los prejuicios de una mayoría opresiva.

Los mandatos de dos años del consejo serían escalonados: Cuando 21 llegaran al ecuador de su mandato, los otros 20 llegarían al final de su mandato de dos años y serían sustituidos por un nuevo grupo de 20. Un año después, cuando ese nuevo grupo de 20 llegara a la mitad de su mandato, el grupo más antiguo de 21 llegaría al final de su mandato, para ser sustituido por un nuevo grupo de 21.

No está claro cómo funcionaría el tribunal, es decir, por mayoría de votos o por consenso. El tribunal del consejo también tendría derecho a decidir qué consejo, económico o político, tiene derecho a votar sobre una cuestión determinada. Un conflicto entre consejos sería resuelto presumiblemente por este tribunal, por ejemplo, si una población minoritaria insistiera en que su voto debería contar más que el de la población mayor, ya que la mayoría quería causar daños medioambientales a un lago cerca del cual vivía la minoría. El tribunal del consejo se encargaría de evaluar esta reclamación, y podrían darse muchas sentencias diferentes. El principio rector sería que los más afectados por la decisión fueran los que tuvieran más voz.

Los tribunales penales ordinarios seguirían siendo esencialmente los mismos, aunque podría haber más jurados.

Aplicación de la Ley

Shalom sostiene que la policía sería necesaria incluso en una sociedad participativa, ya que no se puede esperar que la delincuencia desaparezca incluso en una buena sociedad. Además, el trabajo policial es una ocupación especializada, que exige habilidades especializadas. El trabajo policial formaría parte de un complejo laboral equilibrado y sería examinado por juntas de revisión independientes.

Media

Shalom señala que unos medios de comunicación vibrantes y diversos son esenciales para que la democracia funcione. En una economía participativa, los consumidores de medios de comunicación indicarían los tipos de medios que desean, y éstos se generarían en función de la demanda. Para ayudar a garantizar la diversidad, Shalom recomienda que los medios de comunicación que muestren debates y fomenten la diversidad de puntos de vista reciban financiación adicional.

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